El Gobierno de Zapatero se empeña en un futuro de negro carbón.
El GOBIERNO ESPAÑOL DESPRECIA EL DERECHO EUROPEO AL INCENTIVAR LA QUEMA DEL CARBÓN «NACIONAL»
DAVID HAMMERSTEIN
Sin la opinión y el obligado permiso que ha de otorgar la Comisión Europea antes de dar ayudas a la electricidad producida por la quema de carbón, el gobierno español ya ha aprobado un Real Decreto que otorga cuantiosas ayudas públicas para incentivar la extracción y quema del combustible más destructor y contaminante de la atmósfera y el clima: el carbón.
¿Cómo es posible compatibilizar las repetidas declaraciones en favor de la lucha contra el Cambio Climático y al tiempo subvencionar el aumento de las emisiones contaminantes de CO2 del sector eléctrico español en alrededor de un 20%? En este atolladero parece estar atrapado el gobierno español y el actual Presidente de la Unión Europea: Rodríguez Zapatero.
El carbón en España produce menos del 15% del total de la luz eléctrica, pero este mortecino combustible fósil multiplica su capacidad destructiva ya que escupe a la atmósfera hasta el 27% de las contaminantes emisiones de CO2. Además, el carbón español no sustituye nuestra funesta dependencia del petróleo sino que se suma a la misma. Solo el transporte motorizado con combustible del petróleo le gana en cifras de destrucción mortecina con un 33% de las emisiones de CO2.
El Presidente Zapatero prefiere que las empresas españolas de producción eléctrica dependan del consumo del carbón español y menos de las energías renovables mediante una temeraria política energética: que el Estado continue subvencionando y reflotando una caduca minería extractiva sin viabilidad económica y la quema de un carbón nacional barato por las centrales térmicas productoras de electricidad.
El gobierno español hace oídos sordos, y lejos de responder a las acusaciones europeas por la destrucción ambiental de la minería a cielo abierto en parajes de alto valor ecológico reconocido internacionalmente y protegidos por las leyes ambientales europeas, y prefiere dar centenares de millones de euros públicos más para financiar unos presuntos crimenes ambientales, que se paralizarían inmediatamente sin el apuntalamiento con dinero público que reciben. La minería extractiva de carbón solo es rentable si es mantenida por el estado, si se inyectan continuadas cantidades masivas de dinero procedente de los ciudadanos contribuyentes.
Las subvenciones estatales a la extracción y quema del carbón recientemente aprobadas incumplen las leyes y reglamentos europeos que prohiben el reflote de sectores económicos en declive y carentes de rentabilidad. Las leyes de la Unión Europea para la liberalización del mercado energético no permiten proteccionismos en el mercado salvo excepciones con una importante motivación social, como es la lucha contra el Cambio Climático para el caso de las ayudas públicas a las energías renovables.
Además, organismos como son la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de Energía, han realizado fuertes críticas sobre la distorsión del mercado y las «incongruencias» de subvencionar la quema del carbón. En términos daños y pérdidas de valores ambientales es altamente irracional aumentarlas mediante el artificial consumo de carbón obtenido mediante suculentas subvenciones, cuando resulta que el actual mercado económico de la electricidad ya está expulsando del mix eléctrico al carbón, la fuente más contaminante de la atmósfera y generadora de inimaginables daños ambientales. En este caso, el mismo mercado tiene beneficios ecológicos ya que podría eliminar por sí mismo este combustible fósil tan destructor del clima.
Al convertir en ley unas medidas que «protegen» al carbón nacional, el Gobierno español elige ignorar las posibles vulneraciones del Derecho Comunitario sobre la competencia y el mercado interno, que prohibe a los estados miembros las medidas proteccionistas que no hayan sido específicamente aprobadas por la Comisión Europea.
El actual Presidente español de la Unión Europea pone así al descubierto el gran déficit europeísta que padece junto a la profunda falta de compromiso real con los retos ecológicos y la lucha contra el Cambio Climático que ha de afrontar la humanidad en su conjunto.
¡Vaya mal ejemplo de anti-europeismo el que está dando la recién estrenada Presidencia Española de la Unión Europea!
Subvenciones y proteccionismo estatal que vulneran el Derecho Comunitario europeo
El Presidente Zapatero barre para casa y contradice la ley europea común con un proteccionismo estatal en materia energética que favorece la quema del carbón de las minas españolas contrariando lo que debiera ser un único mercado eléctrico europeo. Con esta nueva ley impulsada por el también Presidente de la Unión Europea, se quieren dar subvenciones masivas al carbón «nacional» o «autóctono» pero sin tener el obligado visto bueno de la Comisión Europea, y sin obtener aún una respuesta oficial del departamento de Competencia de la Unión Europea, que a partir de esta semana casualmente dirige el socialista español Joaquín Almunia.
El Presidente Rodríguez Zapatero parece obviar la imparcialidad y pulcritud que debe ejercer el país que preside durante seis meses el Consejo Europeo, que en todo momento debe mostrar un respeto escrupuloso hacia el Derecho Comunitario y su estricto cumplimiento. Resulta simplemente escandaloso el que el Gobierno Español haya aprobado el Real Decreto de las ayudas al carbón por la puerta de atrás del Derecho Comunitario que regula el liberalizado sector energético.
Sin el beneplácito previo de la Comisión Europea, este triste espectáculo «antieuropeísta» es practicado por Rodríguez Zapatero, el actual Presidente de la UE. Mediante el uso de despistes, trampas y engaños de todo tipo intenta esquivar el control público de las mismas instituciones europeas y la correcta aplicación de la legalidad europea comunitaria. Un botón de muestra más de la dañada nave europea.
Alardeando de una sorprendente ignorancia de los procedimientos de la Unión Europea, la vicepresidenta Fernandez de la Vega parece ignorar las posibles vulneraciones de leyes europeas de competencia y el mercado interno cuando afirmaba recientemente que el nuevo Decreto de ayudas al carbón se aplicará durante 5 años, cuando por el contrario, el actual Reglamento de la UE sobre subsidios al carbón solo permite las ayudas estatales hasta las finales de este año 2010, y a día de hoy la Comisión Europea no ha presentado ninguna otra propuesta para la extensión de las ayudas estatales.
¡De nuevo tendremos un cielo lleno del humo que sale de las chimeneas de las centrales térmicas en vez de ser marginadas por las fuentes renovables de energía!. Estamos ante una opaca y contaminante operación que va en contra el interés colectivo y contra la misma racionalidad económica, y que de seguro tendrá unas largas y abultadas consecuencias de daño a la salud ambiental y climática común, y al mismo futuro.
Subvenciones masivas a unas cuantas sucias empresas mineras que carecen de viabilidad económica
Esta subvenciones al combustible más contaminante y destructor del clima solo responden a los intereses de unas cuantas empresas mineras sucias y sin viabilidad económica que históricamente solo subsisten gracias a la cascada de dinero público que reciben. Con estas nuevas ayudas económicas el gobierno español da un nuevo balón de oxígeno a unas empresas mineras que llevan más de un año sin poder dar salida al carbón que extraen, y que se sigue almacenando debido a la caída de la demanda energética causada por la crisis económica.
Con la aprobación del Real Decreto de ayudas al carbón y dentro del plan del carbón 2006-2012 se suman más inyecciones de fondos públicos para la extracción del carbón. El pasado 29 de enero del 2010, el Consejo de Ministros aprobó unas subvenciones por valor de 275,3 millones de euros que favorecen a cinco empresas mineras del carbón, bajo la justificación de cubrir, total o parcialmente, las pérdidas de producción corriente de carbón autóctono destinado a la generación de electricidad procedente de las unidades de producción de las empresas mineras del carbón. La empresa más beneficiada por estas subvenciones es Unión Minera del Norte, que recibirá 81,6 millones de euros, en tanto que Hulleras del Norte (Hunosa) percibirá 75,4 millones. El resto de ayudas irán a Coto Minero Cantábrico (55,2 millones), Hullera Vasco-Leonesa (43,1 millones) y Minera Catalana Aragonesa (19,9 millones).
Ahora, con las nuevas ayudas aprobadas por el Real Decreto las centrales térmicas que quemarán carbón «nacional» serán las asturianas de Soto de Ribera (Hidrocantábrico-EDP) y Narcea (Unión Fenosa), las leonesas de Compostilla (Endesa), Anllares (Endesa-Unión Fenosa) y La Robla (Unión Fenosa), las turolenses de Andorra (Endesa) y Escucha (E.ON), la palentina de Velilla (Iberdrola), la cordobesa de Puente Nuevo (E.ON) y la de Endesa en Puertollano. Estas diez centrales térmicas podrán producir un máximo de 27,5 MWh (megavatios/hora) anuales con los 10,5 millones de toneladas de carbón que se producen al año en España. Con el Real Decreto se garantiza a estas diez centrales térmicas, que quemarán carbón autóctono, alrededor de 1.550 millones de euros anuales por la energía que generen, y eso sin tener en cuenta la actualización de precios prevista anualmente, que prevé un incremento máximo por ejercicio del 2% por MWh.
El argumento social de mantener unos cuantos de miles de empleos en la extracción minera de carbón a cielo abierto y de interior es la gran coartada que utiliza el gobierno español para manipular la opinión pública y para poder seguir dando artificialmente rentabilidad y beneficios a unas cuantos empresarios, que con el dinero ciudadano llenan sus arcas particulares a la vez que destruiyen el clima común y nuestra salud ambiental. Pero por el contrario, las ayudas públicas al sector podrían dirigirse únicamente a fines sociales y económicos para la reconversión de la minería del carbón en lugar de tratar de sostener una actividad empresarial sin rentabilidad económica y ambientalmente suicida. El empleo a crear debe salir de un posible «nuevo modelo económico» capaz de ser compatible con la sostenibilidad ecológica, y no de la vieja y contaminante economía industrial en decadencia. Los dineros públicos han de dirigirse a los trabajadores y familias que sufren el cierre del anacrónico, biocida y no rentable sector del carbón, y no para llenar de beneficios a unos empresarios mineros y a las compañías eléctricas.¿Como se pueden anteponer los menos de 5 mil empleos del sector minero a los 180 mil que puede generar el sector de energías renovables? ¿Por qué teme la expansión de las energías no contaminantes?
A pesar de la incompatibilidad con la ley comunitaria europea, el actual Presidente español de la Unión Europea cede ante las presiones de unos empresarios mineros amigos y de unos irresponsables sindicatos que solicitan la continuidad de sus privilegios con masivas subvenciones públicas dirigidas a reflotar económicamente actividades mineras sin viabilidad económica y altamente contaminantes del clima y de ecosistemas locales muy valiosos y protegidos por las leyes ambientales europeas.
El Presidente del Gobierno español y actualmente también Presidente de la Unión Europea: Sr. Rodríguez Zapatero, ha decidido actuar por las bravas ante la misma Unión Europea mediante una política de hechos consumados que da el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Industria, casi cuatro meses después de ser pactada con los empresarios y sindicatos mineros.